En la región de Los Ríos durante el 2015 han existido un total de 13 delitos asociados a connotación indígena y que han afectado a las provincias de Valdivia y El Ranco con nueve y dos denuncias, respectivamente.
Los hechos se han perpetrado en las comunas de Panguipulli, Lanco, Futrono y Río Bueno, siendo el incendio a la casa de la familia Villasante en Lanco, el de mayor connotación social que ha ocurrido en la región.
Los delitos denunciados por agricultores y parceleros están divididos de la siguiente manera: cinco usurpaciones, tres daños, dos homicidios frustrados a Carabineros, un incendio, un hurto y uno por lesiones. Las denuncias han sido efectuadas en nueve oportunidades por agricultores, una por una empresa forestal y una por Carabineros.
El presidente de Agrollanquihue y director de la Multigremial del Sur, Rodrigo Lavín, explica que “nos juntamos distintos estamentos de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos para dar una voz de alerta respecto a estos hechos y poder estar unidos frente a esta violencia. Nos parece preocupante y veíamos distante lo que ocurría en la Araucanía, pero vemos que el conflicto se está expandiendo”, afirma.
Los temas del conflicto, según la Multigremial del Sur, son la tierra, territorio, bosque (recursos naturales), derechos ancestrales y libertad a los presos políticos mapuches. Lavín agrega que “hemos estado trabajando con distintos actores políticos y sociales para tener una voz común de rechazo a la violencia venga de donde venga y poder producir la paz que requiere el sector”, declara.
Consultado respecto a cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno frente al tema, Lavín responde que “básicamente ha sido de solidaridad. Entienden nuestro problema, pero no vemos que haya una voluntad política real de fondo de solucionar el tema. El conflicto se sustenta por una mala ley indígena que tenemos y mientras no se vea el tema de fondo, no vamos a poder solucionar nada”, concluye.
Sentimiento de Impunidad
El director ejecutivo de Saval FG, Miguel Santa María, plantea que “ha habido situaciones que están afectando a propiedades agrícolas y forestales que tienen connotaciones claramente terroristas, donde hay amenazas a los trabajadores y ataques incendiarios”, afirma.
Según Santa María, “por muchos años se han dado señales equivocas en las cuales no ha habido de parte de la autoridad una condena clara y potente. Esto ha generado un sentimiento de impunidad donde hay un sector que cree que puede hacer uso de la violencia sin afrontar ninguna consecuencia en base a asociar esa causa a alguna connotación étnica”, afirma.
Respecto a la respuesta de las autoridades regionales en Los Ríos, Santa María responde que “nos hemos reunido con ellos y la respuesta siempre ha sido la misma, en el sentido de que no se va a aceptar y tolerar hechos de violencia y se va a actuar con la mayor rigurosidad. Pero en los hechos, lamentablemente, las cosas no se dan de esa manera, cuando las situaciones se producen hemos tenido que ver muchas veces que la autoridad esquiva realizar las acciones en auxilio de la gente que está siendo afectada por estos hechos, las posterga e intenta no involucrarse. Han llegado a utilizar expresiones ridículas como que esto es un conflicto entre privados(…)”, afirma.
Rodrigo Lavín, plantea que “en lo que sí estamos de acuerdo en que en caso de tomas de fundo y usurpaciones se aplicará el máximo rigor de la ley y se aplicará el estado de derecho para estas acciones. En ese sentido, vemos buena voluntad, como cuando se señaló que no se comprarán predios a comunidades que se han demostrado que han sido violentas. No podemos estar premiando a personas que comenten delitos de incendio, usurpaciones y hasta asesinatos”, afirma Lavín.
