Por Marcos Labra
El histórico encarcelamiento del desaforado senador UDI, Jaime Orpis, ocurrido el día de ayer, por delitos cohecho y fraude al fisco, puso nuevamente en el tapete la falta de probidad de quienes tienen la misión de representar a la comunidad en la toma de decisiones.
Recordemos que la propia Presidenta Michelle Bachelet ha vivido en carne propia los alcances mediáticos y sociales que tienen los escándalos de probidad en la clase política.
En Los Ríos el escenario no luce mucho mejor. Para hacer memoria el 2015 sigue siendo hasta ahora el referente en cuanto a licitaciones cuestionadas. La polémica se destapó en abril, cuando el entonces director regional del SAG, Jorge Cid (DC), se adjudicó una licitación millonaria con el Estado, y cuando hablamos de millonaria, nos referimos a 2 mil millones de pesos.
El suculento contrato lo consiguió a través de la OTEC Delphus, de su propiedad, que prestó servicios de capacitación en el marco del programa “Más Capaz”, del Sence.
Días después, Cid vendió en 7 millones de pesos su participación en Delphinus y traspasó la representación legal a su esposa, sin embargo, para ese entonces, la discusión estaba desatada y los argumentos para justificar al funcionario eran tan confusos como irrisorios, “es un problema de forma, se ve mal pero está bien”, decía el diputado y compañero de partido Iván Flores (DC).
Los meses, las portadas, los memes y las cuñas se diluyeron terminando el año 2015 sin grandes cuestionamientos.
Pero en marzo del 2016, el mes de las cuentas y el colegio de los niños, comenzó con ruido para el oficialismo. La prensa local informaba que el hijo del administrador regional, Erwin Rosas (PS), accedió a la gratuidad que el gobierno entrega para la educación superior, esto pese a que su papá percibe una renta superior a los 3 millones de pesos, y su madre-también funcionaria de gobierno- recibe mensualmente un salario que bordea el millón y medio.
Lejos de apagarse la polémica para el Gore, un mes más tarde sería el propio Intendente Egon Montecinos (PS), quien daría explicaciones públicas por una millonaria licitación adjudicada a su padre por servicios de transporte en el Pre Censo del INE.
La autoridad saldría al paso de la situación señalando que nunca intervino a favor de su padre para la concreción del contrato.
De eso ha pasado un mes, y esta semana los dardos apuntaron hacia el municipio de Paillaco, cuando se dio a conocer por Radio Bio Bio, que el encargado de las Relaciones Públicas de la casa edilicia, Osvaldo Soto, funcionario de confianza de la alcaldesa Ramona Reyes (PS), postulaba y ganaba licitaciones para su propia empresa, situación que fue ampliamente rechazada por los voceros de los partidos de la Nueva Mayoría.
La guinda de la torta, al menos esta semana-y digo esta semana porque aún queda medio año para despedir el 2016- la puso la Consejera Regional Yovana Vera (DC), quien presentó su renuncia al cargo luego de detectarse irregularidades en la rendición de sus gastos operacionales.
Así las cosas, la distancia entre la clase política y la gente, parece no dar luces de estrecharse, la crisis de credibilidad y la falta de confianza se agudiza cada vez más en medio de polémicas como las que hemos revisado.
Sólo resta esperar que los entes fiscalizadores hagan su trabajo, la comunidad siga empoderada y los servidores públicos recuerden que basta un pequeño gesto hacia el lado, para que aquella delgada línea roja que separa el “estoy para servir” del “estoy para servirme”, no se convierta en esa delgada línea «trucha.»
