En la Cuenta Pública, el Presidente Sebastián Piñera, dio a conocer grandes compromisos que implicarán significativos cambios para la Justicia. Anunció que este año daremos el vamos a la esperada Reforma Procesal Civil y habrá modificaciones profundas a los sistemas de nombramientos de jueces y fiscales.
La reforma Procesal Civil es una antigua deuda y con su envío al Congreso, lograremos tener una justicia civil más cercana, accesible y ciudadana. Se trata de rehacer un sistema que corresponde al 57% de las causas que ingresan a tribunales.
Entre los cambios más relevantes que se introducen están: el paso a procedimientos orales, que reduce el tiempo de trámite de las causas; un sistema gratuito de mediación, donde los ciudadanos podrán resolver sus conflictos de manera dialogada y breve; y más tecnología y transparencia a los procesos de embargo y remates.
Todas estas modificaciones permitirán tener una mayor cobertura pasando de 136 a 212 comunas donde se contará con servicios de justicia civil, alcanzará a más beneficiarios, significará una disminución de costos, una reducción de los tiempos de tramitación y una mayor eficacia en el cumplimiento de las sentencias.
En cuanto a la reforma al sistema de nombramiento de jueces y fiscales, son cambios que tienen en común varias ideas medulares: reducir la discrecionalidad, aumentar la transparencia de los procesos y privilegiar el mérito por sobre cualquier criterio a la hora de su elección.
En el caso de los magistrados, se creará un Comité de Nombramientos que será autónomo e independiente, para que éstos sean resultado de un proceso de selección público y transparente basado en el mérito. De esta manera, las Cortes dejarán de confeccionar las ternas, lo que elimina la discrecionalidad.
En lo que se refiere a fiscales, el Fiscal Nacional y los regionales, seguirán realizando los nombramientos, pero a partir de candidatos elegidos por el llamado Comité de Selección, que tendrá criterios objetivos para confeccionar las ternas. Además, se incorporarán nuevos sistemas de control y auditoría, junto con un renovado régimen de inhabilidades posterior al cese de funciones.
