La iniciativa legal que lanzó el Gobierno, crea un Registro Nacional de Deudores y genera diversos mecanismos para que se concrete e incentive el pago.
La creación de un Registro Nacional de Deudores, la no entrega de licencias de conducir, retención de parte de créditos bancarios, la autorización por parte de funcionarios públicos a la retención de un porcentaje de sueldos en caso de ser deudores de pensión alimenticia y la retención de devolución de impuestos, son parte de una serie de medidas que presentó el Gobierno para que se concrete el pago de deudas por pensión de alimentos.
El proyecto de ley se basa en un trabajo focalizado que han desarrollado los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y el de la Mujer y la Equidad de Género, donde a través de mesas técnicas con diferentes representantes estudiaron el tema, formularon diagnósticos y contribuyeron a una solución efectiva.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Los Ríos, Rodrigo Oñate Betanzo, explicó que “este proyecto de Ley busca facilitar el pago de deudas alimenticias, con la creación de un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y medidas precisas para que se paguen las deudas, se busca que los deudores cumplan con su deber de pagar los alimentos adeudados. Nuestra sociedad, debe tener una actitud colaborativa con este tema que afecta a miles de personas que durante mucho tiempo, o nunca, han recibido ingresos, el deber de corresponsabilidad se debe llevar a la práctica, sin embargo, vemos que muchas madres han tenido que afrontar de manera solitaria la crianza y manutención de sus hijos”.
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y tendrá la finalidad de ser consultado por diversas instituciones en diversas instancias, para ver si un posible deudor se encuentra en él. El registro incluirá aquellos alimentantes que deban tres mensualidades de pensión de alimentos consecutivos o cinco discontinuas. Por estar dentro del registro, por ejemplo, si una persona decide solicitar un crédito bancario por más de 50 UF (1.400.000 pesos aproximadamente) y es deudor de pensión de alimentos, la entidad bancaria retendrá parte de los fondos solicitados. Además, no se les otorgará licencias de conducir ni pasaportes a personas que figuren en el Registro como deudoras de alimentos.
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género en Los Ríos, Yalili Garay Peña, planteó que «actualmente nuestro sistema de cobro de deudas de pensiones de alimentos no funciona y la mejor prueba es lo que ocurrió con el retiro del 10% de los fondos previsionales, donde cientos de mujeres en nuestra región vieron una oportunidad para obtener el pago efectivo de la deuda de pensión de alimentos. Este proyecto viene a instalar un cambio de paradigma estableciendo sanciones de forma que dificultan la vida del deudor estimulándolo a pagar las pensiones de alimentos».
Garay añadió que «con este proyecto de ley, crearemos un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos al que ingresarán quienes deban 3 cuotas seguidas o 5 de manera discontinuas. Es urgente terminar con esta cultura del incumplimiento, miles de padres temen más a deberle a una casa comercial que a no cumplir con el pago de la pensión, vulnerando a diario los derechos de esos niños, niñas y adolescentes y sobrecargando aún más las responsabilidades de las madres chilenas. Eso debe terminarse de una vez».
Jurídicamente, el proyecto de ley modifica la ley N° 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias; modifica el artículo 2472 de Código Civil y el artículo 20 de la ley N° 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores, con el objeto de facilitar y perfeccionar el cobro de las pensiones de alimentos y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el cual estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.
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