El primer y segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP, trajo consigo una acción positiva. Que miles de personas pudiesen hacer efectivo el pago de la manutención de sus hijos e hijas, que por años no recibieron la pensión de alimentos que les corresponde por ley y que sus responsables nunca estuvieron dispuestos a pagar.
Según datos proporcionados por la ministra vocera del Poder Judicial, Gloria Ana Chevesich, sobre el pago de retenciones por deudas de pensiones alimenticias correspondientes a los retiros por deudas de las AFP, hasta el 24 de marzo del 2021, hay un total de 665.994 solicitudes de retención y que la mayor cantidad de escritos se produjo con el primer retiro del 10%, es decir, por un total de 408.332, mientras que para el segundo retiro fue de 247.362.
Las cifras expuestas nos ilustran el impacto de la medida y la cantidad de deudores existentes. A raíz de lo anterior, nuestro Gobierno decidió presentar un proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La acción se refuerza tras un trabajo focalizado que realizaron los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y el de la Mujer y la Equidad de Género, donde a través de mesas técnicas con diferentes representantes, estudiaron el tema, formularon diagnósticos y contribuyeron a dar una solución efectiva.
La creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, tendrá la finalidad de ser consultado por diversas instituciones para ver si un deudor se encuentra en él. El registro incluirá aquellos alimentantes que deban tres mensualidades de pensión de alimentos consecutivos o cinco discontinuas. Por estar dentro del registro, si una persona decide solicitar un crédito bancario por más de 50 UF (1.460.000 pesos aproximadamente) y es deudor la entidad bancaria retendrá parte de los fondos solicitados.
El proyecto incluye otras medidas como la no entrega de licencias de conducir, retención de parte de créditos bancarios, la autorización por parte de funcionarios públicos a la retención de un porcentaje de sueldos y la retención de devolución de impuestos.
Sin duda que esta cultura del no pago de las pensiones de alimentos debe ser erradicada y el deber de corresponsabilidad se debe llevar a la práctica; como planteó la seremi de la Mujer y Equidad de Género de Los Ríos, Yalili Garay, no es posible que miles de padres temen más a deberle a una casa comercial que a no cumplir con el pago de la pensión, vulnerando a diario los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. ¡La situación debe terminarse!
Rodrigo Oñate Betanzo.
Seremi de Justicia y DDHH Los Ríos.
