Por:
Lorenna Saldías Yáñez
Secretaria General Partido Radical
El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y es un deber del Estado garantizarlo a todos los ciudadanos, sin importar el lugar en el que vivan.
En un país de contrastes como Chile, es una realidad transversalmente aceptada que las comunidades rurales y ciudades pequeñas han sido marginadas y desatendidas, incluso en su infraestructura básica, y el suministro de agua potable no es la excepción. En este sentido, dar prioridad a estas zonas se convierte en un acto de justicia social y un paso esencial hacia la equidad en nuestra sociedad, una manera efectiva de acortar la brecha existente entre las áreas urbanas y rurales.
Constantemente vemos y asistimos a declaraciones, provenientes de todos los sectores, que recalcan la importancia económica, social y cultural del mundo rural. Sin dejar de lado su relevancia en la economía nacional, a través de actividades como la agricultura, la ganadería y el turismo, cuando pensamos en nuestra identidad la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la del campo chileno; en él radica también nuestra independencia y seguridad alimentaria, preocupación fundamental en este mundo azotado por el cambio climático. Por lo que mejorar la calidad de vida de sus habitantes, generar empleo y mejorar la calidad de ese empleo, fomentando el desarrollo económico sostenible en estas áreas, a fin de que la vida rural siga siendo una opción válida y digna para los chilenos y chilenas, es una cuestión de Estado.
Es por esto por lo que como radicales defendemos de forma vehemente la necesidad de priorizar la atención y el desarrollo de estas áreas.
Y no hay nada que afecte más la dignidad de una persona que no tener acceso a lo más básico, como es el agua potable, estamos asistiendo hoy, mediante uno de los concejales de la comuna de Corral, región de Los Ríos, Fernando Villagrán, Radical, a una situación grave de contaminación del agua de una pequeña comunidad llamada La Aguada, quienes han tenido que soportar la falta de agua 45 días .Período impensable para alguien de la ciudad, que cuándo son atendidos reciben soluciones insuficientes, camiones aljibes y bidones que deberían ser pasajeros se transforman en parte de la rutina, las clases se suspenden y todo con el afán de no detener las obras que causaron el problema, obras sin duda importantes, pero que no se pueden realizar por sobre los derechos y la dignidad de las personas. Lo que ha llevado al concejal Villagrán a presentar un recurso de protección, no tan solo para reestablecer el derecho vulnerado. Si no principalmente para asegurar su protección futura. ya que la insistencia, la atención de los medios y el clamor de los vecinos no han sido suficiente para entregar una solución definitiva.
Hoy los desafíos para las comunidades rurales deberían ser otros, proteger las cuencas hídricas, modernizarse, mejorar para seguir siendo ese pilar de la nación en el que todos estamos de acuerdo, por lo que lo básico debería estar asegurado de forma indubitada, y no verse afectado por la falta de criterio que lleva a priorizar la construcción de un camino por sobre la dignidad de los chilenos y chilenas habitantes del mundo rural.
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